El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este 29 de enero, una flexibilización parcial de las sanciones que pesaban sobre el sector petrolero de Venezuela, mediante la emisión de una licencia general que permite cierta transacciones comerciales con crudo del país sudamericano.
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Esta decisión llega en un momento en que la administración Trump busca reordenar su estrategia hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La licencia fue emitida tres semanas después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de más de 20 compañías petroleras estadounidense, entre ellas ExxonMobil y ConocoPhillips, a quienes invitó a invertir en Venezuela.
En tal sentido, a diferencias de las autorizaciones individuales otorgadas en años recientes -como la que mantiene vigente Chevron- este nuevo permiso tiene un alcance más amplio, aunque mantiene un marco regulatorio estricto.
Dicha medida también se inscribe en la línea de flexibilizaciones temporales aplicadas en 2024, cuando el entonces presidente de EEUU, Joe Biden, alivió parcialmente las sanciones al sector energético venezolano.
LAS CONDICIONES
A pesar de su cáracter general, la licencia impone condiciones rigurosas. Solo podrán realizar transacciones con petróleo venezolano aquellas empresas estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025 y todos los pagos a entidades venezolanas deberán canalizarse a través de una cuenta bancaria controlada por Washington.
Del mismo modo, cualquier contrato firmado por las autoridades de Venezuela o con Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberá regirse por leyes estadounidense y estipular que la resolución de disputas se lleve a cabo en tribunales de Estados Unidos.
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Este permiso también establece prohibiciones claras: no se permitirán canjes de deuda, pagos en oro ni acuerdos que Washington considere «no razonables».
Asimismo, quedan vetadas las transacciones que involucren a personas o empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
Estas restricciones reflejan la intención del gobierno estadounidense de evitar que la flexibilización sea utilizada para sortear sanciones más amplias o beneficiar a actores considerados adversarios estratégicos.
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